Cayetana Álvarez de Toledo, mayo de 2019

LA DEMOCRACIA INTIMIDADA

Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos (Madrid, 1974), es una periodista, historiadora y política española, que ostenta además las nacionalidades argentina y francesa. Ha sido diputada en el Congreso por Madrid en las IX y X legislaturas de las Cortes Generales y desde 2019 es diputada por Barcelona en la XIII legislatura y portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso.

Gran parte de su vida la ha desarrollado en Gran Bretaña y Argentina, sin embargo ella misma ha declarado en numerosas ocasiones: “Yo decidí ser española”.

Tras licenciarse en Historia Moderna en la Universidad de Oxford, obtuvo el doctorado con una tesis dirigida por el prestigioso historiador hispanista John H. Elliott, centrada en la figura del obispo Juan de Palafox, virrey de Nueva España.[

Con posterioridad regresó a España, donde ha tenido una prolífica carrera como periodista en diversos medios, como el diario El Mundo o la cadena Cope, carrera que ha combinado con la política de la mano del Partido Popular, primero como jefa de gabinete del secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, y luego como diputada en tres legislaturas distintas.

En los últimos tiempos ha plantado cara a las nuevas amenazas que se ciernen sobre los pilares de la democracia, así, por ejemplo, ha sido muy crítica con los nuevos movimientos populistas, ya sean de extrema izquierda o derecha, así como frente al secesionismo catalán, uno de los grandes desafíos a los que se ha enfrentado el Estado democrático y de derecho español desde la Transición.

Como ella misma recordaba en un artículo de su blog, La democracia intimidada (aquí): “La intimidación de la democracia no requiere bombas ni zulos ni sofisticadas estructuras terroristas. Esa es la lección de Alsasua. Y también la de Cataluña.”. La intimidación puede adoptar muchas formas, y no siempre la menos sutil, la más directa, es la más peligrosa. Hay que guardarse también de la amenaza silente, aquella que se ha disfrazado de pacífica y que cuando muda de piel, no se ha oído llegar. Y ahí está su verdadero peligro, que hay que descubrir lo que hay detrás del biombo.

Miquel Iceta Llorens, enero de 2019

PERSPECTIVAS DE LA POLÍTICA CATALANA

Miquel Iceta Llorens (Barcelona, 1960), político de referencia en el actual diseño autonómico, inició la carrera de Ciencias Químicas, que finalmente abandonó para entrar en la Joventut Socialista de Catalunya para dedicarse de lleno a la vida política. Al cumplir la mayoría de edad, se afilió al PSC.

Tras diversos cargos en primera línea de la política municipal y provincial, fue elegido en julio de 2014 nuevo secretario general del PSC, ostentando asimismo en la actualidad, la Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlament de Catalunya.

Su dilatada trayectoria política, su formación y sus cargos actuales, le permiten valorar de forma cualificada y profesional el marco inusual y exigente en el que estamos inmersos.

En concreto, en cuanto a la compleja situación política y social que atraviesa Catalunya y el país entero, Miquel Iceta se muestra contundente en la necesidad de encontrar una solución acordada que ponga fin al conflicto existente y vuelva a unir a la sociedad catalana actualmente dividida, estimando que la solución debe partir del ámbito político, pese a que se ha traslado el conflicto al ámbito judicial, reconociendo así la transversalidad del reto al que nos enfrentamos.

Defensor del diálogo y del sistema democrático, apuesta de forma transparente y directa, por una negociación con todos los agentes políticos que arroje luz a esta difícil encrucijada, confiando también en el margen de desarrollo competencial de las instituciones catalanas en el marco estatutario como posible vía de consenso, siendo consciente de la urgente necesidad de un gobierno en Catalunya que esté en condiciones de gobernar y hacer política de forma efectiva y para todos los ciudadanos.

En cuanto a la desertización de la plantilla judicial en Catalunya, óbice de una buena Administración de Justicia, -servicio público esencial en todo Estado de Derecho-, Miquel Iceta mostró su apoyo a la judicatura, reconociendo la necesidad de dotar de estabilidad al Poder Judicial en el ámbito autonómico.

María José Segarra Crespo, noviembre de 2018

DEONTOLOGÍA DEL MINISTERIO FISCAL

María José Segarra (Madrid, 1963) es una jurista española y la actual Fiscal General del Estado. En el año 1987 inició su carrera como Fiscal en Cataluña – prestando servicio en los juzgados de Sant Boi de Llobregat, Sabadell y Barcelona -, tierra que forma también parte de ella, al haber sido su hogar, porque la ligazón que une al primer destino, a los compañeros del inicio, en definitiva, a las primeras épocas de ejercicio marca determinantemente y crea un vínculo especial e imperecedero. Pasados los años marchó a Sevilla, donde finalmente se estableció y de cuya Fiscalía ha sido Jefa los últimos doce años,  dejando allí un magnífico recuerdo entre sus compañeros. Ahora desempeña el cargo más relevante de la carrera fiscal y si hay algo que la define bien, más allá, de su  valía profesionalidad, su rigor jurídico y su seriedad, es su tremenda afabilidad tanto en la discrepancia como en la  coincidencia.

Muchas son las voces que hablan de la necesidad de aprobar un Código Ético de la Fiscalía General, que garantice ante la sociedad que las actuaciones de los miembros y el personal de los distintos órganos de la Fiscalía respondan a unos principios de ética, integridad y transparencia, lo que contribuiría, además, a un aumento de la credibilidad y confianza por parte de los ciudadanos respecto a esta institución.

Se trata de una cuestión no ajena a determinadas problemáticas, o al menos temores de que puede ser utilizado como un instrumento sancionador de conductas. No obstante debe recordarse, en la carrera judicial, siguiendo las recomendaciones del Informe Greco, se ha aprobado un código ético y se ha puesto en funcionamiento la Comisión de Ética Judicial como órgano consultivo. En cualquier caso, como todo elemento novedoso y de tanta trascendencia, deberá ser sometido a un profundo debate y contar con los mayores consensos para garantizar la viabilidad y pervivencia de dicho instrumento.

Gonzalo Gortázar Rotaeche, abril de 2018

RETOS DEL SISTEMA BANCARIO EUROPEO

Gonzalo Gortázar (Madrid, 1965) es Consejero Delegado de CaixaBank desde junio de 2014, tras haber prestado previamente sus servicios como Director General de Finanzas de la entidad. Es Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y Máster en Business Administration with distinction por INSEAD. Actualmente también es Vicepresidente Primero de Repsol, Consejero de Banco BPI y Presidente de VidaCaixa. Desde 1993 a 2009, trabajó en Morgan Stanley en Londres y en Madrid, donde ocupó diversos cargos en la división de Banca de Inversión, liderando el Grupo de Instituciones Financieras en Europa hasta mediados del año 2009. Con anterioridad, también desempeñó diversas responsabilidades en Bank of America en Banca Corporativa y de Inversión.

Cuando los ciclos económicos declinan hasta una situación de crisis, la confianza de los ciudadanos en el marco de relaciones que es el mercado también se ve seriamente comprometida. Una situación de crisis comienza por tener un primer impacto de naturaleza política, en la medida en que los ciudadanos exigen una respuesta urgente para sus problemas. Pero todo ese malestar se contagia pronto al resto de espacios: por todas partes cunde la desconfianza en las instituciones y eso enfrenta al sistema con una situación de colapso.

La desconfianza es un mal negocio, por eso las entidades financieras europeas deben colaborar para dotar al mercado de condiciones de seguridad suficientes. ¿Cómo pueden hacerlo? Tratando de no contaminar los espacios de decisión política, respetando que las normas para la regulación del mercado se produzcan de forma espontánea y en una medida en la que se procure la atención de todos los intereses afectados. También, alentando la recuperación económica de sus clientes o evitando incurrir en los errores que hubieran podido cometer en el pasado. Por último, las entidades financieras se encuentran en una posición de ventaja para asumir un liderazgo nuevo para la transformación del modelo de transacciones, incorporando a su giro ordinario las posibilidades que concede el mundo digital, pero cuidando que eso no se haga de manera excluyente, generando barreras que perjudiquen a los que tienen menos capacidades para adaptarse a esos cambios.

A su vez, al sistema judicial español le atañe interpretar las normas que regulan el mercado financiero de manera objetiva y fiable, proporcionando pautas de aplicación concretas y seguras para esas normas, de modo que los intereses afectados por ellas no solo se vean protegidos en la medida en que les corresponda serlo, sino también para que el derecho vea satisfecha una de sus principales virtudes instrumentales: la certeza.

 

Francesc de Carreras Serra, noviembre de 2017

LA REALIDAD CONSTITUCIONAL

Francesc de Carreras (Barcelona, 1943) es catedrático de derecho constitucional, colaborador de El País y uno de los intelectuales más influyentes de nuestro tiempo en la formación de pensamiento político. Es un activo integrante de las corrientes antinacionalistas y ello le ha llevado a participar en innumerables iniciativas cívicas y políticas en toda España. Así, durante el verano de 2005 suscribió junto a otros intelectuales un manifiesto por la creación de un nuevo bloque político en Cataluña y que intervino como germen de Ciudadanos.

El proceso por la independencia de Cataluña, que penetra irremisiblemente en todas las facetas de nuestra vida cotidiana y profesional, ha mostrado la fragilidad de nuestro sistema de convivencia. Acaso no de nuestras instituciones y recursos legales, sobre todo de estos últimos, que han sido objeto de aplicación motivada y proporcionada a la gravedad del desafío secesionista. Pero sí de los equilibrios que hacían posible la armonía social. Desempeñamos así nuestra función jurisdiccional en el contexto de una sociedad dolorosamente fracturada, en la que es muy difícil hacer penetrar el sentido de probidad y rectitud que tratamos de imprimir a nuestras decisiones. Para una gran parte de los ciudadanos catalanes, los que a duras penas reconocen al resto esa condición cuando no la niegan furiosamente, la noción de justicia ha resultado ser un rasgo más de su imaginario frustrado, una más de todas esas emociones desbordadas que la realidad de los días ha empujado más allá de cualquier límite mínimamente admisible. La emoción es su refugio frente a cualquier atisbo de conciencia crítica.

Primero fue necesario aniquilar el pragmático grado de racionalismo que servía para sobrellevar nuestra vida juntos. Para eso hubo de negarse la necesidad de ajustar la conducta a las normas, el deber de conducirse con arreglo al deber. Luego los sentimientos han quedado desgastados y rotos de tanto abusar de ellos para arrojarlos contra los demás. Ahora el nacionalismo catalán, con todas sus fanfarronadas, solo está hecho de miedo.

Mientras tanto, entre esa otra parte de los ciudadanos cunden la sensación de abandono y desesperanza o incluso la ira y el ánimo de venganza, que no puede intervenir nunca como el fundamento para un castigo justo.

Son necesarios hombres y mujeres nuevos para un compromiso nuevo. Es necesario reinventar algunas de nuestras cosas en común. Para eso sirve el derecho. Pero primero deberemos recomponer, delimitar de forma precisa, el objetivo de nuestras normas de convivencia. Durante la última sesión del Foro, Antón Costas propuso que tratáramos de reencontrarnos con las virtudes. Pero no bastará con un diseño más perfecto para nuestro sistema si no somos capaces de conducir hasta él a todos. Y para eso, porque en ese plano se encuentran, debemos hablar a las emociones. Describir comportamientos, no personas. Atajar las confusiones conceptuales contraponiendo cualidades morales. Confiar en que eso sea suficiente para reconstruir en todos los mecanismos de contención de lo emocional que, solo después o no será posible de otra manera, nos permitan retomar la empresa de aprender a vivir juntos como la única solución posible y razonable a esta situación.

Quienes confiamos en el derecho y en la verdad, porque sin ellos es imposible la justicia social, hemos de renovar aquí nuestra vocación de servicio a los demás y nuestro compromiso en la búsqueda de esa clase de justicia. También por la concordia que tanto necesitamos, porque esa clase de justicia solo puede alcanzarse a través de ella.

Antón Costas Comesaña, julio de 2017

EL CAPITALISMO Y SUS DESCREÍDOS

Antón Costas (Vigo, 1949) es Catedrático de Economía Aplicada en la Universitat de Barcelona y ha centrado su trayectoria investigadora en el estudio de los procesos de liberalización y regulación de la competencia, esfuerzo plasmado en una decena de libros de notable difusión. De forma más reciente, ha desarrollado también una intensa labor de divulgación de los rudimentos de la economía a través de diversos medios de comunicación, siendo frecuentes sus colaboraciones con el diario El País. Por unas y otras razones, ha alcanzado un notable grado de reconocimiento no solo como economista sino también como pensador.  Así, su prestigio e influencia le condujeron a la Presidencia del Círculo de Economía de Barcelona o a la representación de Endesa en Cataluña. Por eso es capaz de alcanzarnos con reflexiones dadas desde los entresijos de nuestro régimen económico y social. Entre sus últimas aportaciones destaca el más reciente “La nueva piel del capitalismo” (Galaxia Gutenberg, 2016), que condensa una reflexión sobre las consecuencias sociales del desgaste del sistema capitalista y la crisis de su sistema financiero.

Nuestros días son los de una profunda crisis en el sistema político y económico que inspiró el orden que resultó de la pacificación de Europa, por contaminación de una primigenia crisis del modelo capitalista de especulación financiera, que previamente había logrado alienar, a esa concepción particularmente europea del modelo capitalista más general, de una parte esencial de los valores que le servían de contrapeso. La creciente desigualdad social, la desconfianza en el modelo comunitario y el desvalor generalizado de las instituciones, el nuevo auge de los localismos, las tensiones migratorias o el riesgo ecológico, son solo síntomas que, desde una mirada más amplia y pausada, permiten identificar nuestra crisis como una crisis epistémica: la de un modelo que llegó a darse por supuesto, que despreció la oportunidad de cuestionarse, de medirse con los valores que habían definido aquella idea de Europa.

Constatada la gravedad de nuestra situación y ante la complejidad del escenario globalizado, no cabe sin embargo ceder al desaliento. Solo con un pragmático grado de optimismo podremos acometer, de manera fecunda, el esfuerzo ingente de necesaria reformulación de nuestro sistema socieconómico. Para lograrlo, no solamente se antojan como indispensables un alto grado de compromiso cívico y la asunción, sin reservas y como propias, de las necesidades de los demás. Debemos comenzar por hacer memoria del momento en que consentimos hacer traición a ese círculo de valores que permitieron construir esa nueva Europa, que se nos ha hecho vieja de forma tan dolorosa e inesperada.

 

Rafael Catalá Polo, marzo de 2017

JUSTICIA Y CONFIANZA

La carrera profesional de Rafael Catalá Polo (Madrid, 1961) comenzó en 1985, cuando ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Durante esta etapa desempeñó sucesivas labores de dirección en el Ministerio de Sanidad y Consumo y AENA. En 1996 comenzó su carrera de carácter político, cuando fue nombrado Director General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, que en aquel momento dirigía Mariano Rajoy. Tras ello asumió otros cargos igualmente relevantes en el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Hacienda y, durante los años 2002 a 2004, como Secretario de Estado de Justicia. En 2005 abandonó temporalmente la vida política, desarrollando una intensa labor docente en ESADE y UNED. También ejerció hasta 2011 como Secretario General de CODERE.

En ese momento retomó la actividad política, incorporándose al Ministerio de Fomento a propuesta de su titular, Ana Pastor. Por fin, en 2014 fue nombrado Ministro de Justicia. Desde entonces ha administrado esa cartera, asumiendo también durante un breve período de 2016 la de Fomento. Durante su mandato como Ministro ha promovido la modernización del sistema judicial, impulsando a tal fin la digitalización de los expedientes judiciales, la reforma del sistema de demarcación y planta judicial o del marco legal para la instrucción de las causas penales. Del mismo modo, desarrolla una intensa labor de diálogo y colaboración con el CGPJ y las asociaciones judiciales.

Una legitimación primitiva de la función jurisdiccional puede encontrarse en la renuncia de los ciudadanos al ejercicio de la violencia para la defensa de sus derechos. No en vano, desde esa misma perspectiva, la norma jurídica era definida como un instrumento regulador de las situaciones de conflicto social, conflictos que la norma pretendía corregir disuadiendo a sus destinatarios del desarrollo de conductas de carácter antisocial, pero solo a través de su poder de coerción, que simbolizaba el sistema judicial como depositario de la beligerancia de los ciudadanos. Sin embargo, la evolución probada del derecho demuestra que, para procurar inducir en el individuo ese único comportamiento que resultaría socialmente sostenible si fuera igualmente asumido por el colectivo, la abstención ante el temor a la previsible represión es menos eficiente que el convencimiento ante el ideal de probidad que la norma significa y que la función jurisdiccional procura para todos.

Se hace entonces necesario que los ciudadanos depositen en el sistema jurídico y judicial no su renuncia a la violencia, sino su confianza en que, solo de ese modo, pueden preservarse los valores sociales de los que depende el reconocimiento de sus derechos. Para lograrlo, debe exigirse de quienes ostentan el poder político una conducta ejemplarizante, de escrupuloso respeto al derecho y a las instituciones judiciales. En esto no puede caber reserva alguna. Ninguna ocasión o relato deben propiciar una quiebra de ese deber tan elemental. Del mismo modo, quienes asumen la función de juzgar y ejecutar lo juzgado deben comprender la concreta dimensión política del específico y singular servicio público que se les encomienda, para conducirse después con la responsabilidad que ello exige.

Por fin, el sistema jurídico y más concretamente el judicial deben permanecer atentos a los escenarios que arroja la vida en sociedad, porque son intensamente contingentes, para tratar de ofrecer cobijo a las cambiantes aspiraciones de los ciudadanos, si se las presentan con la sincera y honda confianza de verlas satisfechas. Para ello no solo se precisa de una norma de incuestionable calidad técnica, sino también de un sistema para su aplicación -gobierno, método, ingenios- que sea verdaderamente digno de la amistad de los ciudadanos.

Juan José López Burniol, diciembre de 2016

CATALUNYA-ESPAÑA: PARAR, TEMPLAR Y PACTAR

El proceso de independencia de Catalunya es el itinerario para un fracaso. Porque, pese a su blasón parlamentario, no ha sido acuñado como un verdadero proceso constituyente, sino como de desconexión, en un solo giro eufemístico que torpemente disimula su dimensión auténtica de ruptura de la legalidad constitucional, que es legalidad catalana, bajo la impostada legitimidad de otra legalidad que no es tal. Porque, pese a ese refrendo parlamentario, se oculta igualmente que el proceso de independencia de Catalunya comenzó a las puertas del Parlament, con la escisión de la sociedad catalana en dos cuerpos irreconciliables, razón por la que cualquier mayoría política nunca será representativa de Catalunya considerada de consuno o, al menos, en una medida bastante. Porque, desde entonces, el Govern, impulsor único y real de ese proceso, desprecia su originaria vocación de servicio a todos los ciudadanos, a los que primero distingue entre catalanes verdaderos y mendaces para luego enfrentarlos. Mientras tanto el Estado, afanado en explicar las consecuencias terribles asociadas a ese proceso de ruptura o de enunciar vagamente posibles remedios administrativos de reforma, ha declinado la oportunidad de proporcionar a los catalanes elementos de juicio necesarios para que estos, sola y espontáneamente y como única solución posible ante la naturaleza de su conflicto, puedan reconocer en el sistema de 1978, acaso actualizado, un relato único sobre sus raíces y destino.

Juan José López Burniol es Notario desde 1971, circunstancia profesional que, según reconoce, le ha permitido conceder y concederse tiempo para la contemplación de la realidad social y política que le rodea, la literatura, la reflexión, el debate y, con reconocimiento notable, la actividad periodística. Entre otros hitos igualmente relevantes, ha sido Decano del Colegio de Notarios de Cataluña y Vicepresidente del Consejo General del Notariado, Magistrado del Tribunal Superior de Andorra y de su Tribunal Constitucional, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat y vocal de La Caixa. Ha desarrollado también una intensa labor docente en el ámbito universitario. Por fin, desde el año 2007 preside la Fundació Noguera, entidad que trabaja para difundir la valía del patrimonio histórico documental y notarial catalán.

Parar, templar y pactar. La beligerancia creciente del proceso, las cada vez más intensas muestras de desobediencia y enfrentamiento, el desencanto social y la lesión acostumbrada de los derechos de las minorías imponen como necesario, a modo de recurso último y mientras todavía se trate de un remedio posible, la paralización de ese proceso de ruptura y de toda actividad de hostigamiento frente al distinto. Después, resultará oportuno imponer en las relaciones, las sociales y las políticas, un clima de moderación y pausa, presupuesto para un análisis prudente y objetivo sobre la realidad y necesidades de Catalunya y del Estado. Y, entonces, el pacto.

Carlos Lesmes Serrano, julio de 2016

PARA UN ESTADO MODERNO

Carlos Lesmes Serrano (Madrid, 1958) es desde diciembre de 2013 el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, de cuya Sala Tercera forma parte desde el año 2010. Ingresó en las carreras judicial y fiscal a principios de los años ochenta (1983), comenzó su ejercicio profesional como fiscal y, una década más tarde, adquirió la condición de Magistrado especialista del orden contencioso-administrativo (1993), desarrollando su labor en la Comunidad Valenciana y en Madrid. Después abandonó la función jurisdiccional para incorporarse al Ministerio de Justicia durante dos legislaturas, desempeñando los cargos de Director General de Objeción de Conciencia (1996-2000) y de Director General de Relaciones con la Administración de Justicia (2000-2004). Regresó a la carrera judicial para incorporarse a la Audiencia Nacional (2005), presidiendo su Sala de lo Contencioso-Administrativo hasta su incorporación al Supremo.

Durante este curso hemos insistido en la creciente demanda social de modernización del Estado. Con este propósito, es frecuente la reformulación de las instituciones más elementales del sistema jurídico desde la perspectiva de lo que ha dado en llamarse “análisis económico” del derecho. Y suele igualmente centrarse la cuestión en la oportunidad de elevar el principio de eficiencia a la condición de fin más idóneo de entre los que pueden perseguirse con el diseño de ese nuevo sistema. Cabe preguntarnos si la ordenación más adecuada del derecho, como herramienta para la construcción de un nuevo marco de convivencia, es la que se alcanza  a la luz de lo que arroja su análisis desde una perspectiva económica, de modo que la finalidad de aquél fuera resultado de su homologación según lo que podamos asumir como  “reglas” del “mercado”. No debe extrañarnos que la cuestión se plantee en tales términos, pues en los tiempos que nos ocupan resulta de todo punto incontestable el poder omnímodo que alcanza la economía. Pero la economía es, fundamentalmente, un lenguaje para la distribución de entidades que le son ajenas, si se las considera en sí mismas y sin adiciones. Conforma la ciencia económica un lenguaje de difusión universal porque, aquella  extraordinaria vis atractiva o capacidad del mercado, interviene para que éste adquiera lo que de principio no forma parte de él. Un contagio lingüístico. Pero la capacidad de expresar cualquier tipo de magnitud en términos económicos no convierte en economía lo que, en valor absoluto, no lo es.

El éxito del lenguaje económico no puede conducir a la justificación del derecho para un nuevo sistema a través de la economía, tomando como puntos de origen y destino tal continente sin la ambición de desbordarlo. El lenguaje económico, aquel principio elemental de eficiencia, puede expresar el cuerpo del derecho que es necesario para la modernización del Estado, porque es imaginable y formulable en términos contables, pero eso no debería confundirse con sus fines o principios.

Inés Arrimadas García, febrero de 2016

SOBRE LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

El 7 de junio de 2005, un grupo de intelectuales publicó un manifiesto que abogaba por la creación de un partido político catalán de orientación no nacionalista. Tras un breve pero intenso camino, aquella semilla germinó hasta convertirse en una fórmula política de éxito. Ciudadanos, tras su primera incursión en la política nacional, es hoy la cuarta fuerza política de España, tras la obtención de 40 diputados en el Congreso en las pasadas elecciones generales de diciembre de 2015.

Pero Ciudadanos es, eminentemente, un partido catalán. Inés Arrimadas García (Jerez de la Frontera, 1981) es la Presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya. Su aterrizaje en la política se produjo, según ella misma confiesa, por casualidad. Licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide, estudió un postgrado en Gestión Empresarial y Negocios Internacionales en el Instituto de Preparación para la Administración y la Gestión en la ciudad francesa de Niza. Posteriormente trabajó como consultora de operaciones y estrategia en la firma D’Aleph, con sede en Barcelona. Fue en 2010, tras asistir a uno de sus mitines, cuando decidió afiliarse a Ciudadanos. Desde entonces su carrera política ha sido fulgurante, primero como parlamentaria autonómica de Ciudadanos en 2012, siendo posteriormente portavoz de su grupo parlamentario. Finalmente fue candidata a la presidencia de la Generalitat en las elecciones al Parlament de Catalunya el 27 de septiembre 2015. Desde entonces asume la jefatura de la oposición en Cataluña.

Vivimos tiempos convulsos, en los que el sistema de convivencia que nos es propio se encuentra sujeto a un intenso clima de contestación social. Cada día aumenta la desconfianza de una ciudadanía que asiste, inerme, a la dilución de algunos valores que han resultado no ser tales. Son también frecuentes el cansancio y desaliento de quienes, por la relevancia pública de sus quehaceres, se encuentran llamados a pensar institucionalmente, para tratar de reconducir a un espacio fértil esas hondas aspiraciones, de modo que se evite así la fractura de la propia sociedad. Representatividad, participación, garantías, igualdad, son los principales hitos del discurso para la regeneración democrática de nuestro país.