Rafael Catalá Polo, marzo de 2017

JUSTICIA Y CONFIANZA

La carrera profesional de Rafael Catalá Polo (Madrid, 1961) comenzó en 1985, cuando ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Durante esta etapa desempeñó sucesivas labores de dirección en el Ministerio de Sanidad y Consumo y AENA. En 1996 comenzó su carrera de carácter político, cuando fue nombrado Director General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, que en aquel momento dirigía Mariano Rajoy. Tras ello asumió otros cargos igualmente relevantes en el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Hacienda y, durante los años 2002 a 2004, como Secretario de Estado de Justicia. En 2005 abandonó temporalmente la vida política, desarrollando una intensa labor docente en ESADE y UNED. También ejerció hasta 2011 como Secretario General de CODERE.

En ese momento retomó la actividad política, incorporándose al Ministerio de Fomento a propuesta de su titular, Ana Pastor. Por fin, en 2014 fue nombrado Ministro de Justicia. Desde entonces ha administrado esa cartera, asumiendo también durante un breve período de 2016 la de Fomento. Durante su mandato como Ministro ha promovido la modernización del sistema judicial, impulsando a tal fin la digitalización de los expedientes judiciales, la reforma del sistema de demarcación y planta judicial o del marco legal para la instrucción de las causas penales. Del mismo modo, desarrolla una intensa labor de diálogo y colaboración con el CGPJ y las asociaciones judiciales.

Una legitimación primitiva de la función jurisdiccional puede encontrarse en la renuncia de los ciudadanos al ejercicio de la violencia para la defensa de sus derechos. No en vano, desde esa misma perspectiva, la norma jurídica era definida como un instrumento regulador de las situaciones de conflicto social, conflictos que la norma pretendía corregir disuadiendo a sus destinatarios del desarrollo de conductas de carácter antisocial, pero solo a través de su poder de coerción, que simbolizaba el sistema judicial como depositario de la beligerancia de los ciudadanos. Sin embargo, la evolución probada del derecho demuestra que, para procurar inducir en el individuo ese único comportamiento que resultaría socialmente sostenible si fuera igualmente asumido por el colectivo, la abstención ante el temor a la previsible represión es menos eficiente que el convencimiento ante el ideal de probidad que la norma significa y que la función jurisdiccional procura para todos.

Se hace entonces necesario que los ciudadanos depositen en el sistema jurídico y judicial no su renuncia a la violencia, sino su confianza en que, solo de ese modo, pueden preservarse los valores sociales de los que depende el reconocimiento de sus derechos. Para lograrlo, debe exigirse de quienes ostentan el poder político una conducta ejemplarizante, de escrupuloso respeto al derecho y a las instituciones judiciales. En esto no puede caber reserva alguna. Ninguna ocasión o relato deben propiciar una quiebra de ese deber tan elemental. Del mismo modo, quienes asumen la función de juzgar y ejecutar lo juzgado deben comprender la concreta dimensión política del específico y singular servicio público que se les encomienda, para conducirse después con la responsabilidad que ello exige.

Por fin, el sistema jurídico y más concretamente el judicial deben permanecer atentos a los escenarios que arroja la vida en sociedad, porque son intensamente contingentes, para tratar de ofrecer cobijo a las cambiantes aspiraciones de los ciudadanos, si se las presentan con la sincera y honda confianza de verlas satisfechas. Para ello no solo se precisa de una norma de incuestionable calidad técnica, sino también de un sistema para su aplicación -gobierno, método, ingenios- que sea verdaderamente digno de la amistad de los ciudadanos.