Carlos Lesmes Serrano, julio de 2016

PARA UN ESTADO MODERNO

Carlos Lesmes Serrano (Madrid, 1958) es desde diciembre de 2013 el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, de cuya Sala Tercera forma parte desde el año 2010. Ingresó en las carreras judicial y fiscal a principios de los años ochenta (1983), comenzó su ejercicio profesional como fiscal y, una década más tarde, adquirió la condición de Magistrado especialista del orden contencioso-administrativo (1993), desarrollando su labor en la Comunidad Valenciana y en Madrid. Después abandonó la función jurisdiccional para incorporarse al Ministerio de Justicia durante dos legislaturas, desempeñando los cargos de Director General de Objeción de Conciencia (1996-2000) y de Director General de Relaciones con la Administración de Justicia (2000-2004). Regresó a la carrera judicial para incorporarse a la Audiencia Nacional (2005), presidiendo su Sala de lo Contencioso-Administrativo hasta su incorporación al Supremo.

Durante este curso hemos insistido en la creciente demanda social de modernización del Estado. Con este propósito, es frecuente la reformulación de las instituciones más elementales del sistema jurídico desde la perspectiva de lo que ha dado en llamarse “análisis económico” del derecho. Y suele igualmente centrarse la cuestión en la oportunidad de elevar el principio de eficiencia a la condición de fin más idóneo de entre los que pueden perseguirse con el diseño de ese nuevo sistema. Cabe preguntarnos si la ordenación más adecuada del derecho, como herramienta para la construcción de un nuevo marco de convivencia, es la que se alcanza  a la luz de lo que arroja su análisis desde una perspectiva económica, de modo que la finalidad de aquél fuera resultado de su homologación según lo que podamos asumir como  “reglas” del “mercado”. No debe extrañarnos que la cuestión se plantee en tales términos, pues en los tiempos que nos ocupan resulta de todo punto incontestable el poder omnímodo que alcanza la economía. Pero la economía es, fundamentalmente, un lenguaje para la distribución de entidades que le son ajenas, si se las considera en sí mismas y sin adiciones. Conforma la ciencia económica un lenguaje de difusión universal porque, aquella  extraordinaria vis atractiva o capacidad del mercado, interviene para que éste adquiera lo que de principio no forma parte de él. Un contagio lingüístico. Pero la capacidad de expresar cualquier tipo de magnitud en términos económicos no convierte en economía lo que, en valor absoluto, no lo es.

El éxito del lenguaje económico no puede conducir a la justificación del derecho para un nuevo sistema a través de la economía, tomando como puntos de origen y destino tal continente sin la ambición de desbordarlo. El lenguaje económico, aquel principio elemental de eficiencia, puede expresar el cuerpo del derecho que es necesario para la modernización del Estado, porque es imaginable y formulable en términos contables, pero eso no debería confundirse con sus fines o principios.